IU condena la nueva construcción de un CIE en Algeciras

Guerrero: “Algeciras necesita otras inversiones para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y no para encerrar a inocentes”

La concejal del grupo de municipal de Izquierda Unida, María Luisa Guerrero, ha salido al paso del anuncio de los Presupuestos Generales del Estado para este año 2017, en los cuales se establece una partida presupuestaria para la construcción de tres nuevos CIE’s en España, uno de ellos en Algeciras, lo que ha calificado como “unos presupuestos vergonzosos, ante la difícil situación que vienen padeciendo los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que necesitan inversiones en infraestructuras y no en construir “cárceles” para personas que no tienen documentación legal en nuestro país”.

En este mismo sentido, Guerrero ha manifestado que las prioridades del Partido Popular son bastantes claras  y a los hechos se remite, “20 irrisorios millones de euros tan sólo para el ferrocarril que sin duda es la infraestructura más necesaria para nuestra comarca y nuestra ciudad, y sin embargo, la construcción de un CIE no aporta nada a una comarca que requiere de la inversión pública para el desarrollo socioeconómico de una de las zonas más pobres de Europa”.

La concejal de la formación de izquierdas no ha querido dejar pasar la ocasión para recordar que la construcción de este edificio, ha contado con la inestimable colaboración del Partido Popular en Algeciras, que firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa para intercambiar solares, “un acuerdo totalmente perjudicial para los intereses de Algeciras, ya que nuestra ciudad pierde patrimonio público y además construye un CIE, que en nada aporta a la ciudad y que supone un atentado contra los derechos y libertades de los seres humanos, al privar de libertad a personas que no han cometido delito alguno”

 

Por último, María Luisa Guerrero ha querido resaltar las malas condiciones en las que se encuentran las personas allí encarceladas y que la supuesta “mejora” de estas condiciones no supone en ningún momento la justificación para la construcción de nuevos edificios con estos fines, cuyas políticas deben de ir orientadas a la regulación administrativa de su situación, algo que desde la UE se está obviando, criminalizando a estos colectivos.