Inmaculada Nieto Castro, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía en Algeciras,  EXPONE:

Tras más de 29 años de reivindicaciones, los Estatutos de Autonomía de 1980 y 2007 recogieron por acuerdo de todas las fuerzas políticas la concreción y pago del derecho histórico de nuestra tierra a recibir una compensación para compensar el déficit de servicios en materia de educación, sanidad y vivienda que Andalucía sufrió como consecuencia de las políticas centralistas sufridas por nuestra tierra en los años de la dictadura y periodo de transición democrática.

La Adicional Segunda de los Estatutos de 1980 y 2007 recogen literalmente: “Dadas las condiciones socio-económicas de Andalucía, que impide la prestación de un nivel mínimo de algunos de los servicios efectivamente transferidos. Los Presupuestos Generales del Estado consignaran con especificación de su destino, y como fuentes excepcionales de financiación unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo”.
 

El Estatuto de 20 de febrero de 2007, recoge además el mandato de concreción de la cantidad de Deuda Histórica y el pago de la misma antes del 20 de marzo del 2010. Lejos de las aspiraciones máximas del Parlamento de Andalucía (1.748 millones de euros) y de Izquierda Unida (3.000 millones de euros), el gobierno andaluz acabó concretando la Deuda en 1.204,4 millones de euros, de los que aún restan por cobrar 784,4 millones de euros.

Durante este largo debate de 29 años, y tras momentos en los que PSOE y PP (gobiernos de España daban la espalda al derecho del pueblo andaluz) IULV-CA mantuvo y puso en valor el cobro de la Deuda Histórica. Coherencia que hoy reconocen el resto de fuerzas políticas andaluzas a IU como la organización política que más se ha significado la reivindicación y el cumplimiento del derecho histórico a ser compensados por los déficits en materia de servicios.

Durante este largo camino, ninguna fuerza política, ningún dirigente planteó  hasta hoy con el gobierno de Griñán percibir este derecho histórico en solares, máxime cuando se habla de unas asignaciones presupuestarias dirigidas fundamentalmente a educación, sanidad y vivienda. Si bien en más de una ocasión antes y después de 1994 el PSOE negaba y se resistía al reconocimiento y cumplimiento de tal derecho. Tal es así que desde el primer pago de 120 millones de euros en 1996 hasta la llegada del nuevo Estatuto, ni los gobiernos del PP y PSOE eran sensibles a esta reivindicación.

Es evidente que tanto en la letra, espíritu, acuerdos establecidos en materia estatutaria, debates sustanciales en el Parlamento, jamás se habló de liquidar en solares un derecho histórico. En tal sentido IULV-CA considera un desprecio y una depreciación de los derechos de Andalucía al no ser percibidos estos en asignaciones dinerarias presupuestas en los PGE, dando lugar a las correspondientes partidas de gastos en los PJA para los servicios necesarios con garantías de ejecución.

El pago en solares por tanto: deprecia la deuda, es un negocio para España, una estafa para Andalucía, una nueva sumisión y traición en materia de Deuda Histórica, sobre la que Andalucía tendrá que gastar recursos para poner en valor dinerario unos solares sobre los que desconocemos su valor, máxime en un momento de depreciación del suelo.

Pero a la falta de respeto al derecho, a los máximos objetivos previstos en el Estatuto, se ha sumado ya de forma definitiva, si no se rectifica el acuerdo de la Comisión Mixta de asuntos económicos y financieros Estado-Andalucía, bajo la cual el pago se hará fundamentalmente mediante pago en especie, transfiriendo AGESA (propietaria de edificios y terrenos Expo-92) y otros solares en Jaén, Cádiz, Granada, Almería (en concretos suelos del Toyo, 3.260.000 m2, la mayor parte de ellos protegidos y con cargas y gravámenes que hacen dificultosa su puesta en valor).

Siendo evidente que tanto en la letra como en el espíritu y acuerdos que dieron lugar al amplio consenso del Estatuto de Autonomía del 2007. El PSOE y el gobierno andaluz al aceptar esta fórmula: rompen el consenso estatutario, lesionan gravemente los intereses generales de Andalucía, vulneran la legalidad y la voluntad del pueblo andaluz con el acuerdo alcanzado por los integrantes de la Comisión Mixta Estado-Andalucía.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Algeciras somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la  siguiente propuesta: